El gobierno de Estados Unidos ha iniciado la pintura de color negro en tramos del muro fronterizo que separa al país del territorio mexicano, con el objetivo de aumentar su temperatura y dificultar su escalada, según confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La medida responde a un mandato directo del presidente, quien considera que esta acción contribuirá a la seguridad fronteriza al disuadir intentos de cruce irregular.
Noem señaló que el uso del color negro se debe a la habilidad del material para absorber el calor, lo que provoca que la pared se sienta desagradable al tocarla durante las elevadas temperaturas del desierto. De acuerdo con la representante, esta cualidad, junto con la altura y la delgadez de la construcción, transforma el muro en una barrera más eficiente para aquellos que intentan pasar de manera no permitida. Asimismo, la pintura ayudará a evitar la corrosión del metal, extendiendo la durabilidad de la estructura.
Extensión del proyecto y financiamiento
El proyecto es una sección de un plan más extenso aprobado por el Congreso a inicios del verano del hemisferio norte, el cual asignó US$46.000 millones para la ampliación y finalización de la barrera a lo largo de los cerca de 3.218 kilómetros de frontera. En este momento, se están edificando aproximadamente 0,8 kilómetros de barrera diariamente. La administración define esta construcción como un «baluarte y emblema» del compromiso del gobierno con la protección nacional y el manejo migratorio.
Noem ha destacado que el proyecto no se limita a la pintura negra, sino que contempla también la instalación de infraestructura adicional en zonas acuáticas del Río Grande, que incluyen boyas fortificadas y vallas vigiladas por fuerzas estatales y federales. Esta combinación busca reducir los cruces irregulares en puntos estratégicos de la frontera.
Gastos y opiniones
La decisión de pintar el muro de negro ha generado críticas debido al alto costo estimado. Durante la primera administración Trump, se evaluó que pintar el muro podría costar al menos US$500 millones, dependiendo de los materiales y la cantidad de capas aplicadas. Expertos en construcción han señalado que el metal ya absorbe gran parte del calor del desierto, y que la pintura podría desvanecerse con el tiempo, reduciendo su efectividad.
Agrupaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes, tales como el American Immigration Council y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), han criticado que se prioricen fondos públicos para la infraestructura de fronteras en vez de servicios esenciales, sosteniendo que las políticas de expulsiones masivas y el gasto en seguridad pueden ocasionar efectos sociales y económicos perjudiciales.
Influencia en la movilidad y la táctica gubernamental
De acuerdo con cifras oficiales, los cruces no autorizados han bajado considerablemente en los meses recientes, registrando niveles más bajos de aproximadamente 4.600 en julio y 6.000 en junio. El gobierno asocia esta disminución con una mezcla de arrestos extensivos, expulsiones y la percepción de un riesgo incrementado al intentar cruzar la frontera.
Noem también declaró que en los primeros 200 días de la administración actual, un total de 1,6 millones de inmigrantes indocumentados dejaron EE.UU., aunque no se detalló cuántos fueron oficialmente deportados y cuántos decidieron irse por su cuenta. La Casa Blanca afirma que su política da prioridad a personas con historial criminal, aunque activistas de los derechos de los migrantes han indicado que personas con pequeñas infracciones también han sido impactadas por las operaciones.
Protección y gestión de las fronteras: un enfoque polémico
El proyecto de pintura negra y la expansión del muro fronterizo reflejan una estrategia de seguridad fronteriza intensificada que combina infraestructura física, medidas de disuasión y operativos migratorios. Sin embargo, la iniciativa también ha generado un debate sobre los altos costos, la efectividad de la medida y el impacto en derechos humanos, consolidando el tema como uno de los principales puntos de discusión en la agenda política y social de Estados Unidos.